Municipios, obligados a proteger el recurso hídrico
La calidad del agua que beberán los antioqueños prácticamente quedó garantizada desde el viernes, con la Ordenanza número 20 aprobada por la Asamblea en la clausura de las sesiones extras, y por medio de la cual se adoptó una política pública para la protección del líquido.
La ordenanza establece la obligación para los entes territoriales -municipios y departamento- de adquirir, preservar y administrar los ecosistemas estratégicos del agua, que son básicamente aquellas tierras donde hay reservas y yacimientos del líquido, como páramos y ciénagas.
La norma va en concordancia con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que obliga a los municipios y los departamentos a destinar como mínimo el 1% de los ingresos corrientes del presupuesto anual para la compra de predios de importancia ambiental para la preservación de las fuentes hídricas que surten los acueductos.
La primera en celebrar la decisión de la Asamblea fue la Gobernación, que en la voz de la secretaria del Medio Ambiente, Luz Ángela Peña, señaló que queda trazada una ruta para aplicación de la ley que ordena invertir en la conservación de la cuencas abastecedoras de acueductos.
“El gobierno que llegue deberá seguir priorizando en adquirir las tierras donde hemos identificado que es importante invertir”, precisó.
Añadió que el cumplimiento de la ordenanza “se va a reflejar en que los acueductos tengan garantizada el agua, porque se pueden tener acueductos comunitarios o de muy buena ingeniería, pero si no hay agua es muy difícil, con esta política se mejorarán los caudales, habrá agua de mejor calidad y la potabilización será más fácil con aguas más protegidas”.
Los diputados
En el interior de la Asamblea, uno de los más felices es el diputado Edinson Muñoz Ciro, que promueve los temas ambientales en la corporación.
Explicó que la ordenanza lo que hace es “implementar una ley que viene desde 1993, cuando se le dio una vigencia de 15 años y que fue modificada en 2007, cuando le dieron vigencia a perpetuidad, sin límites de tiempo”.
Detalló que otro aparte positivo de la norma es que se amplió la aplicación de los recursos a espacios como ciénagas, humedales, acuíferos, sitios de captación hídrica y aguas subterráneas, “es decir, a todo lo que sea necesario para garantizar que haya agua”.
Sobre la procedencia de los recursos, el corporado dio un parte de tranquilidad, pues al establecerse que será el 1% de los ingresos del presupuesto, es un recurso que no podrá evadirse. De hecho, aseguró que en la Gobernación estos recursos corresponden a la suma de $14.000 millones, que ya han sido invertidos en la adquisición de tierras.
Según la secretaria Luz Ángela Peña, en los últimos cuatro años la Gobernación, en alianza con los municipios y las corporaciones ambientales, ha adquirido 13.000 hectáreas de tierras para protección, entre ellas territorios en los páramos de Belmira y del Sol, este último en Urrao
“El año pasado logramos que la Gobernación cumpliera con la ley estableciendo sistemas y métodos técnicos para adquirir tierras como los páramos y otras áreas protegidas”, señaló Muñoz Ciro.
Lo positivo de la adquisición de predios con reservas de agua es que pasan a ser áreas propiedad de los entes públicos y no pueden ser ocupados por privados ni particulares. La intervención humana queda muy limitada y los recursos, tanto hídricos como forestales y de fauna, quedan protegidos.
Contrario a las celebraciones se mostró el diputado Adolfo León Palacio, para quien la ordenanza se queda en la mera teoría: “son buenas intenciones que no se pueden concretar en nada”, dijo.
Criticó que la ordenanza contempla el levantamiento de un acta de cuáles serían las zonas geográficas a adquirir, pero no pone un límite en el tiempo.
“Cuando no se ponen metas y recursos todo termina en un acto simbólico y de reconocimiento de la importancia de conservar el agua y la responsabilidad social con las futuras generaciones, pero no se dan instrumentos para aplicar la política pública”.
Fuente: www.elcolombiano.com
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